El que tiene su causa en las acciones del crimen organizado es el que tiene los mayores afectos; hace falta una ley en la materia: Luz María Salazar Cruz, investigadora de El Colegio Mexiquense.

El desplazamiento forzado en México es un problema que plantea muchos y muy exigentes desafíos, desde el hecho de que no hay cifras definitivas del número de personas afectadas, que podrían ir desde un millón hasta ocho millones, según la fuente, hasta que no es reconocido oficialmente como tal.

       En consecuencia, no hay políticas públicas para atenderlo, en especial el desplazamiento que tiene como causa la violencia ejercida por el crimen organizado en la mayor parte del país y los efectos de todo tipo que produce, incluidos los psicosomáticos, en mujeres y niños, sin descartar la manera en que afecta a los hombres imposibilitados para defender a sus familias, comunidades y propiedades.

       Luz María Salazar Cruz, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, participó con la conferencia «Desplazamiento forzado en México: un balance preliminar» en el ciclo de conversatorios «El entorno social contemporáneo.

       Reflexiones desde las Ciencias Sociales», en el que exponen integrantes del claustro académico de la institución de manera mensual; para el caso, se trató de la última sesión del año.

       Con la moderación de José Antonio Álvarez Lobato, secretario general y encargado del despacho de la Presidencia de El Colegio, quien ha participado con la investigadora en proyectos y publicaciones sobre el tema, la estudiosa planteó inicialmente datos de las últimas décadas, desde que se puede rastrear el desplazamiento de personas forzado por la violencia de los cárteles.

       Distinguió las diferentes causas del desplazamiento forzado, entre las que están catástrofes naturales y la realización de magaproyectos, como presas, extracción de minerales a cielo abierto o carreteras, del que tiene su origen en un contexto de violencia, y apuntó que en México sigue pendiente una ley de desplazamiento cuya importancia y urgencia está fuera de duda.

       Salazar Cruz abordó con amplitud las dificultades que implica investigar un fenómeno tan complejo y atender aspectos tan relevantes como la protección de los informantes y las comunidades, que siempre actúan con temor, así como la situación que se presenta en los sitios de recepción de los desplazados.

       Habló del crecimiento en las últimas décadas de los cárteles y de los grupos y bandas que se asocian con ellos, tanto nacional como regionalmente, de la variedad extrema de la situación de los desplazados y de las consecuencias de que el desplazamiento forzado no está reconocido oficialmente.

       Detalló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI reconoció en 2019 más de 912 000 personas que cambiaron de domicilio, el censo de 2020 ubicó a más de 262 000 personas que cambiaron de domicilio por violencia criminal y en 2021 se consideraron 29 000 desplazamientos más, mientras que en una declaración, el entonces subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, consideró que la cifra total de desplazados podría ir de un millón hasta ocho millones.

       La investigadora consideró que en las encuestas, incluido el censo de población, hace falta realizar la pregunta correcta respecto de la causa del cambio de domicilio y explicó que las investigaciones que lleva a cabo tienen como tema central el desplazamiento forzado, y no las formas de la criminalidad organizada.

       Asimismo, consideró necesario tomar en cuenta en el análisis del desplazamiento forzado la perspectiva de género y los efectos psicosomáticos en la salud de mujeres y niños, al tiempo que remarcó que el Estado mexicano puede empezar por reconocer el desplazamiento forzado y en consecuencia atenderlo enfrentando el problema, que debe ser abordado en sus causas.

       Tanto en el Aula Mayor de El Colegio Mexiquense como en las redes sociales se hicieron preguntas a la investigadora, quien tiene entre sus publicaciones Entre la norma y la realidad. Violencia de género y feminicidio en el Estado de México, en coautoría con Tania Lilia Chávez Soto, y Desplazamiento interno forzado. Regiones y violencia en México, 2006-2013, en coautoría con José Antonio Álvarez Lobato, editados ambos libros por El Colegio Mexiquense.

Comunicado de prensa 063/2023

Santa Cruz de los Patos, Zinacantepec, Estado de México, 14 de noviembre de 2023.