En materia de derechos políticos, en México las mujeres siguen siendo una mayoría vulnerable, pues pese a los avances legislativos que iniciaron en 1953 cuando se les concedió el derecho al voto con acciones afirmativas como esa y otras, que derivaron en la paridad de género en las candidaturas, corresponde a los jueces, más que a los legisladores, darle sustancialidad, «a golpe de sentencias», a los derechos políticos y humanos como fundamento del Estado constitucional.